Quien crea que estas notas sobre la televisión por cable no tienen nada que ver con Arrecifes, se equivoca. A diario se escuchan las quejas de los sufridos abonados de Cablevision local reclamando por mal servicio y continuos aumentos de tarifa, quejas que derivan en la muletilla ¿”Y el C oncejo porqué no hace nada”?
Sucede que el nuevo proyecto del Gobierno, aún siendo una trampa, o lamentablemente por ello, tiene aspectos positivos como abrir el juego a las cooperativas y declara al cable como Servicio Público. Si eso se concretara las empresas de TV por cable tendrían que cumplir determinadas condiciones y requisitos, tales como someterse a controles técnicos o contar con autorización previa para un aumento de tarifas, de la misma forma en que lo hace una línea de colectivos o las agencias de remis.
En esto el Concejo Deliberante de Arrecifes fue un adelantado ya que en 1998 o 1999 aprobó una Resolución pidiendo al Congreso que la televisión por cable fuera considerada como servicio publico y sujeta a los controles que ello implica, lo que motivó una furibunda replica de la Asociación que agrupa a esas empresas, las mismas que ahora vuelven a desgarrarse las vestiduras en defensa de la libertad de expresión. Lastima que el proyecto sea de este Gobierno, porque como ya lo dijo alguien, cuando los Kirchner hablan de defender el interés público hay que empezar a preocuparse.
Sucede que el nuevo proyecto del Gobierno, aún siendo una trampa, o lamentablemente por ello, tiene aspectos positivos como abrir el juego a las cooperativas y declara al cable como Servicio Público. Si eso se concretara las empresas de TV por cable tendrían que cumplir determinadas condiciones y requisitos, tales como someterse a controles técnicos o contar con autorización previa para un aumento de tarifas, de la misma forma en que lo hace una línea de colectivos o las agencias de remis.
En esto el Concejo Deliberante de Arrecifes fue un adelantado ya que en 1998 o 1999 aprobó una Resolución pidiendo al Congreso que la televisión por cable fuera considerada como servicio publico y sujeta a los controles que ello implica, lo que motivó una furibunda replica de la Asociación que agrupa a esas empresas, las mismas que ahora vuelven a desgarrarse las vestiduras en defensa de la libertad de expresión. Lastima que el proyecto sea de este Gobierno, porque como ya lo dijo alguien, cuando los Kirchner hablan de defender el interés público hay que empezar a preocuparse.
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