viernes, 16 de enero de 2009

Radar: que la historia no se repita


Volvió el radar a las rutas bonaerenses y aunque parece que esta vez no se permitirá privatizar dicho servicio, no está demás recordar lo que sucedió hace una década atrás en nuestro medio, donde la aplicación de dicho sistema no sólo generó quejas por los presuntos abusos cometidos sino que tuvo también una derivación delictiva.
La historia del radar arrecifeño se inició en 1994 con la sanción de la Ordenanza Nº 987 que autorizaba al Departamento Ejecutivo a adquirir detectores electrónicos de velocidad (radares) en la cantidad que se creyera conveniente, y a reglamentar todo lo relativo al funcionamiento del sistema. Esa Ordenanza no se llevó a cabo y en 1996 se aprobó otra autorizando al Ejecutivo a suscribir convenios con empresas privadas en lo referente a manejo y administración de sistemas de control de tránsito a través de radares, convenios que no debían generar erogación alguna a la Municipalidad.
El 14 de mayo de 1996 se firma entre la Municipalidad y una persona de nombre Gustavo Adolfo De Simone un contrato de carácter accidental (nunca enviado al Concejo Deliberante para su convalidación) a efectos de proveer un “sistema de apoyo integral para operativos de control de tránsito”. El contrato tenía una duración original de 120 días, prorrogable por otros 60.
En el mes de octubre de 1996 debía concretarse el llamado a Licitación Pública para adjudicar la concesión del Servicio de Control de Tránsito mediante radares, pero el Departamento Ejecutivo mediante un decreto dispuso su suspensión, alegando “deficiencias en el funcionamiento del actual sistema”. Esa Licitación nunca volvió a realizarse.
Pero la historia no terminó ahí. A principio de 1998 fue detenida en Colón una persona que había trabajado para la empresa del radar que operó en Arrecifes, quien tenía en si poder cuarenta carpetas con multas y ofrecía dejarlas sin efecto a cambio de un pago de $ 50 cada una. A raíz de este hecho se generó la causa Nº 3-6269 caratulada “Estafas reiteradas” radicada en un Juzgado de Pergamino. De dicha causa, sobre cuyos detalles no abundaremos por ahora, surge -según los dichos del principal imputado- que De Simone podría haber tenido socios locales para la explotación del radar, o incluso haber sido un simple prestanombre de ellos.

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